¿Qué puedo hacer si creo que han vulnerado mis derechos?

Una persona que conoce sus derechos tiene más facilidad para identificar cuando han sido vulnerados, pero no siempre es fácil informar o denunciar este hecho para que quede constancia y se puedan tomar las medidas correspondientes. 

Un primer paso es comunicar la vulneración de derechos al entorno cercano (familia, pareja, amistades...) o a un profesional de confianza, siempre de forma clara y argumentada. Ellos podrán apoyar, orientar y, en su caso, denunciar ellos mismos la vulneración. También hay muchas asociaciones y organizaciones especializadas que pueden recoger la denuncia del hecho, asesorar sobre qué pasos se deben seguir e incluso tomar acciones colectivas.

Algunos aspectos que deben valorarse cuando se quiere hacer una reclamación o denunciar una vulneración de derechos son:

• ¿Quién ha cometido la vulneración? No siempre hay una persona directamente implicada, sino que la causa también puede ser un protocolo o un programa inadecuado, prácticas no revisadas, directrices no alineadas con los derechos de las personas, etc.
• ¿Es una vulneración intencionada? Muchas veces se producen sin intención de hacer daño, y hay que hacer que la otra persona sea consciente, siempre de manera respetuosa, de cómo ha vulnerado nuestros derechos y cómo nos ha hecho sentir, porque pueda hacer cambios y mejoras.
• ¿Cuál es el alcance de la reclamación que se quiere hacer? La reclamación puede ser desde hablar con el profesional o equipo que ha cometido la vulneración hasta a hacer una reclamación formal al servicio o, incluso, presentar una denuncia administrativa o judicial.

Con esto, y teniendo siempre presente que cada situación es única y diferente, podemos solicitar de diferentes formas que se respeten nuestros derechos. 

Si es posible, siempre es recomendable tratar de dialogar con la persona, el servicio o la entidad que creemos que ha vulnerado nuestros derechos, exponerles cómo nos afecta esta vulneración e, incluso, proponer alguna solución. Si el diálogo no es posible o no ha tenido buenos resultados, podemos hacerlo a través de un escrito  (la persona que presenta el escrito debe guardarse una copia con el sello de registro de entrada del centro o servicio). 

Es recomendable tratar de dialogar con la persona, el servicio o la entidad que creemos que ha vulnerado nuestros derechos, exponerles cómo nos afecta esta vulneración y proponer alguna solución

Como alternativa a la petición por escrito, o si ésta no ha tenido una respuesta satisfactoria, existe la opción de hacer una queja o reclamación formal. Los servicios (sanitarios, sociales, educativos, comercios...) están obligados a tener hojas de reclamación a disposición de las personas usuarias. El contenido será similar al de la petición, pero si ya se había presentado una petición previa, se puede incluir a esta queja e indicar la respuesta que recibimos. Generalmente, la queja debe incluir:

• Los datos de identificación de la persona que la presenta.
• Los datos del servicio donde se presenta.
• La descripción de la situación sobre la que se hace la queja, de forma clara, objetiva y sencilla
• Qué se pide: qué necesita la persona y por qué.
• Normativas que apoyan la reclamación: siempre debe mencionarse, como norma genérica, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, en el caso de España, el Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
• La documentación que se quiera adjuntar y que demuestre la vulneración o justifique su reclamación.

Si la respuesta a la reclamación tampoco es satisfactoria, pueden iniciarse acciones administrativas o, en última instancia, llegar a hacer una denuncia judicial.

Las denuncias administrativas

Las denuncias administrativas son extrajudiciales, no interviene ningún juez, y se pueden presentar en entidades generales o específicas, generalmente a través de un formulario en línea, por correo electrónico o presencialmente. 

En España, algunas de estas entidades u organismos donde se pueden presentar las denuncias administrativas son:

Recursos administrativos generales

• Defensor del Pueblo: es el Alto Comisionado de las Cortes Generales y, a través de la supervisión de la actividad de las administraciones públicas, se encarga de defender los derechos y libertades de los ciudadanos. Pueden presentarse quejas individuales o colectivas, cuando se considere que la actuación de una administración central, autonómica o local, o de una empresa o servicio público, ha vulnerado los derechos de la persona. Servicio gratuito. 
• Oficina de atención a la discapacidad (OADIS): pertenece al Consejo Nacional de la Discapacidad y se encarga de promover la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la no discriminación y la accesibilidad universal. Se pueden enviar consultas, quejas o denuncias de situaciones en las que la persona ha sido discriminada por motivo de su discapacidad (incluyendo los problemas de salud mental). 
• Infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030: es un sistema administrativo que permite sancionar las infracciones en materia de discriminación o exclusión a personas con discapacidad. Incluye discriminaciones en ámbitos como las telecomunicaciones, los espacios públicos urbanizados y edificaciones, los transportes, los bienes y servicios públicos, las relaciones con la Administración Pública, Justicia y Patrimonio cultural.
• Otros recursos administrativos disponibles en Cataluña:
  • Síndic de Greuges de Catalunya: es un órgano políticamente independiente que atiende a las quejas cuando las administraciones públicas catalanas o empresas privadas que prestan servicios de interés público (agua, luz, gas, telefonía...) cometen una irregularidad o vulneración de derechos. Servicio gratuito. Dispone de una sección especializada en Defensor del paciente.
  • Oficinas de atención a las víctimas del delito (OAVD): servicio gratuito de atención, apoyo y orientación a personas que han sido víctimas o perjudicadas por un delito; por eso, solo está indicado en el caso de vulneraciones de derechos que sean constitutivas de delito.

Recursos administrativos específicos

• Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): es la autoridad pública independiente que se encarga de proteger los derechos de privacidad y de protección de datos (como son los derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición y supresión). Antes de realizar una reclamación sobre derechos a la AEPD, es necesario haber hecho la reclamación correspondiente a la entidad que ha cometido la vulneración y que no hayan respondido en el tiempo establecido (acostumbra a ser un mes) o que la respuesta no haya sido satisfactoria. En Cataluña también hay la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT).
• También existen entidades para reclamaciones de discriminaciones y vulneraciones de otros ámbitos específicos como:
• Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
• Inspección educativa y, en el caso de Cataluña, Inspección de educación.
• Servicio de reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones: atiende a las consultas, quejas y reclamaciones sobre servicios financieros (seguros, fondos de pensiones, operadores de banca, planes de pensiones…).

Las denuncias judiciales

A veces, según la gravedad de la vulneración de derechos o porque las acciones anteriores no han tenido una respuesta satisfactoria, puede ser necesario hacer una denuncia judicial, en la que hay intervención de un juez, y entonces hay que contar con un abogado o abogada para hacerlo (los colegios profesionales de abogados suelen disponer de buscador, y también se puede solicitar información a los servicios de orientación jurídica disponibles en muchos municipios). Antes de iniciar un proceso de este tipo, es importante disponer del mayor número de pruebas del hecho que se quiere denunciar. 

Estas denuncias se pueden presentar en el juzgado más cercano a la persona denunciante. En casos de vulneraciones de mucho más alcance, podemos denunciar a organismos internacionales cómo pueden ser la Oficina o el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. 

Es importante tener en cuenta que en algunas causas, por ejemplo en las denuncias por tratos vejatorios, hay poca jurisprudencia y las probabilidades de éxito son bajas, pero puede abrir la puerta a otras personas que también deseen denunciar hechos similares. En cambio, existe mucha más jurisprudencia en casos de incumplimiento de protocolos.

Algunas personas deciden no llegar a hacer denuncias jurídicas por el coste que puede suponer y porque puede ser demasiado doloroso revivir la situación de vulneración.

Estos procesos judiciales son largos y costosos, tanto económica como personal y emocionalmente, y debemos estar seguros de que queremos iniciar una acción de este tipo, ser conscientes de las posibilidades de éxito que puede tener y del coste que puede suponer. Algunas personas deciden no llegar a realizar denuncias jurídicas por muchos motivos, entre ellos, porque puede ser demasiado doloroso revivir la situación de vulneración. Por eso, es recomendable que si queremos hacer una denuncia judicial lo hagamos acompañados de juristas especializados en derechos humanos y sensibilizados con la defensa de los derechos en el ámbito de la salud mental.

Hay entidades y organizaciones especializadas en salud mental que trabajan para velar que se respeten los derechos de las personas con problemas de salud mental y que recogen todas estas notificaciones de vulneraciones para que quede constancia y denunciarlas también de forma colectiva. Estas entidades también pueden orientar y asesorar sobre cómo actuar o qué pasos hacer en las reclamaciones y denuncias y, en algunos casos, pueden ofrecer también asesoramiento legal por parte de juristas especializados. En España, encontramos:

• Comité español de representantes de personas con discapacidad (CERMI).
• Observatorio estatal de salud mental, derechos e igualdad (Confederación Salud Mental España).
• Observatorio de derechos de la Federación VEUS - Federación catalana de entidades de salud mental en primera persona.
• Federación Salut Mental Catalunya - SMC.

Respetar y garantizar los derechos de las personas con problemas de salud mental es una cuestión colectiva que interpela a todo el mundo. Por eso es importante que nos impliquemos en  identificar, notificar, reclamar y denunciar las vulneraciones de derechos.