Las vulneraciones de derechos en salud mental

Los derechos humanos son derechos básicos que tenemos por el solo hecho de ser personas, y son fundamentales para poder disfrutar de una buena vida y prosperar. Los principios básicos que los sostienen son la equidad, el respeto, la igualdad, la dignidad y la libertad para todas las personas. Todos los derechos están interrelacionados entre ellos y son interdependientes, de forma que disfrutar de uno depende de la posibilidad de disfrutar otros, y la negación de un derecho afecta de manera negativa a todos los demás. 

Cuando los derechos humanos de una persona o grupo no son respetados, decimos que sus derechos han sido vulnerados. Estas vulneraciones se pueden dar en todo el mundo por parte de actores diversos, desde los gobiernos y organizaciones, hasta personas trabajadoras de servicios o cualquier ciudadano. A menudo son producto de prácticas inadecuadas o de políticas mal aplicadas, pero a veces se producen sin ser conscientes, sin intención de hacer daño.

Las personas  con problemas de salud mental y las personas con discapacidad tienen más probabilidades de sufrir violencia, negligencia o maltrato.

Hay grupos de población con más riesgo de sufrir discriminación, exclusión social y la vulneración de sus derechos, como por ejemplo las mujeres, las personas migradas, los niños, las personas del colectivo LGTBIQ+, las personas mayores y las personas con discapacidad o problemas de salud mental. Todos estos grupos poblacionales acostumbran a compartir discriminaciones en todos los ámbitos de la vida (en el trabajo, la escuela, la familia…), que se dan por factores complejos que interaccionan entre ellos, pero también por los desequilibrios de poder entre los diferentes grupos. 

Así, las personas con problemas de salud mental y las personas con discapacidad tienen más probabilidad de sufrir violencia, negligencia o maltrato, y entre las discriminaciones con que se acostumbran a encontrar hay, por ejemplo, las restricciones en el ejercicio de su derecho a voto y el derecho a presentarse a cargos del gobierno, con la consecuente pérdida de influencia en la comunidad y la dificultad de autodefenderse o defender sus intereses colectivos. También pueden vivir restricciones en el acceso a los servicios sociales y en la atención sanitaria; a veces reciben un tratamiento de menos calidad o se ningunean sus problemas de salud, o, incluso, pueden ser excluidas de operaciones de auxilio en el contexto de desastres naturales o situaciones violentas, tal como denuncia la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No informar a una persona sobre el tratamiento que se le administra, sus efectos secundarios y las alternativas existentes es una vulneración de derechos.

La falta de oportunidades educativas y laborales tienen un fuerte impacto en la autonomía de la persona. Sin una buena educación y formación es mucho más difícil que puedan tener una ocupación futura y ser independientes, y sin la posibilidad de obtener ingresos es más fácil encontrarse en situaciones de pobreza o de sinhogarismo, y más difícil salir de ellas.

Todo estos factores y dificultades se combinan y hacen que las personas con problemas de salud mental tengan tasas más altas de enfermedad y de muerte prematura.

Situaciones en las que se vulneran los derechos de las personas con problemas de salud mental

Algunas situaciones concretas que suponen una vulneración de los derechos de las personas con problemas de salud mental son:

• La esterilización, la anticoncepción o el aborto involuntarios.
• La pérdida de la custodia de los hijos o las hijas por el solo hecho de tener un trastorno mental.
• Desaconsejar a la persona la maternidad o paternidad, de manera explícita, por tener un problema de salud mental.
• Internar a la persona en centros residenciales en contra de su voluntad, o restringir las salidas.
• Recibir un trato discriminatorio en el trabajo, por ejemplo, relegando a la persona con un problema de salud mental a hacer tareas por debajo de su formación y calificación, despedir a una persona trabajadora cuando explica su trastorno, excluirla de procesos de selección o no adaptar el lugar de trabajo a sus necesidades (dificultando el acceso y el mantenimiento del trabajo).
• Negarle el acceso a productos financieros (créditos e hipotecas) o a seguros.
• Negar o dificultar que una persona haga una reclamación o queja formal, por ejemplo, en el servicio donde ha sido atendida.
• Restringir la comunicación con el exterior en los servicios de atención intensiva, por ejemplo, retirándole el teléfono móvil, o que tenga que hacer las llamadas en espacios con poca privacidad (pasillos, ante profesionales del servicio, etc.).
• La violencia y la coacción económicas (es decir, controlar los recursos de una persona para obligarla a actuar en contra de su voluntad).
• No informar sobre el tratamiento que se le administra, sus efectos secundarios y las alternativas existentes.
• Dar a una persona medicación sin su consentimiento (por ejemplo, escondida en la comida).
• Inducir a una persona a pensar que sus acciones tendrán consecuencias negativas o que se adoptarán acciones contra ella o que se le negarán algunas cosas (por ejemplo, el acceso a comida, prensa o televisión) si no acepta un tratamiento.

Además, hay prácticas asistenciales que también pueden constituir vulneraciones de derechos y que las Naciones Unidas considera que pueden ser tortura y maltrato. Algunas de estas medidas son:

• El tratamiento involuntario.
• El ingreso involuntario no justificado.
• El aislamiento y la contención mecánica.
• La medicación forzosa y la sobremedicación.
• La terapia electroconvulsiva, si se aplica sin consentimiento informado (hace falta que se haya informado previamente a la persona de sus riesgos y los haya podido valorar).
• El abuso de las medidas de incapacitación (tutelas y otras formas de toma de decisiones por sustitución).

La situación de la persona se puede ver agraviada porque habitualmente no se denuncian las vulneraciones de derechos, a menudo porque la persona no es consciente de esta vulneración o, si lo es, no sabe cómo hacer una reclamación o denuncia. Y a veces no es fácil, porque pueden encontrarse trabas para acceder a los mecanismos de denuncia, porque consideran que la persona con problemas de salud mental no es creíble o porque la persona tiene miedo a posibles represalias (la denuncia se puede percibir como una manifestación de su sintomatología o un ataque al servicio o a los profesionales que trabajan en él). Además, hay personas que no quieren revivir la vulneración por el sufrimiento que les supone hacerlo.

Por eso, es importante que todos (profesionales, personas atendidas, familiares y ciudadanía) aprendamos a identificar las situaciones que vulneran los derechos de las personas con problemas de salud mental y actuemos.