¿Tenemos buena salud mental?

La Confederación Salud Mental España y la Fundación Mutua Madrileña han presentado en 2023 el informe La situación de la salud mental en España, un estudio que pretende mostrar una imagen clara de la situación del bienestar y de la salud mental de la población española, así como detectar necesidades y demandas al respecto.

Uno de los elementos que destaca de este estudio es el uso de una metodología mixta: cualitativa (grupos de discusión) y cuantitativa (encuesta), ofreciendo las impresiones de más de 2.000 personas, tanto personas con experiencia propia (jóvenes y adultas), familiares, profesionales de primaria y de atención especializada, y población general.

Los resultados muestran que para la población española la salud mental forma parte integral de su bienestar general y está estrechamente relacionada con las circunstancias sociales y económicas de la persona y con sus interseccionalidades, es decir, los diferentes factores sociales que definen una persona como el género, la etnia, el lugar de residencia, la edad, etc.

El 74,7% de las personas participantes consideran que la salud mental de la población española ha empeorado.

Según la encuesta, el 22,8% de la población española mayor de edad han sido diagnosticadas en algún momento de su vida o autoevalúan su salud mental actual como mala o muy mala. Así, el 42,1% de las personas con experiencia propia ha tenido una depresión, el 47,6% ha experimentado ataques de ansiedad, el 36,9% ansiedad prolongada y cerca del 20% consume algún psicofármaco (los más comunes son los ansiolíticos y los antidepresivos). Son las mujeres, las personas jóvenes y las personas del colectivo LGTBIQ+ quienes valoran peor su salud mental.

Estos datos son consistentes con los reportados en el Informe anual del Sistema Nacional de Salud 2020-2021, que señalan que el 29% de la población tiene diagnosticado algún problema de salud mental, siendo los más frecuentes la ansiedad, el insomnio y la depresión.

Algo más de la mitad de las personas que solicitan atención especializada en salud mental lo hace en el sistema sanitario público (56,1% de quienes acuden a consulta de psiquiatría y el 55,3% de quienes lo hacen en psicología), y un porcentaje menor acuden a consulta psicológica o psiquiátrica privadas (36,1% y 33,5%, respectivamente). En relación al tratamiento, un 57,1% recibe tratamiento basado en la prescripción de psicofármacos, un 47,6% recibe psicoterapia y un 27,4% participa de programas sociales y de apoyo.

Más de la mitad de las personas con experiencia propia refiere haber vivido situaciones de rechazo social (58,5%) o discriminación (55%), especialmente en su lugar de trabajo. Por ello, muchas personas sienten preocupación por la desconfianza que puede generar compartir sus problemas en su lugar de trabajo y sólo el 12,9% lo han explicado en su entorno laboral.

La salud mental de las personas jóvenes es preocupante, así como la de las mujeres y otros colectivos vulnerables.

El informe pone de manifiesto que los jóvenes de 18 a 34 años son la población que en mayor medida dice haber tenido síntomas de salud mental en algún momento, y 1 de cada 4 tiene un diagnóstico de salud mental. También es el segmento de población que más refiere ideación o intento de suicidio (31,8%) y autolesiones (30,7%).

Las mujeres representan el 61,3% de las personas con experiencia propia (frente al 38,3% de hombres) y tienen mayor probabilidad de consumir psicofármacos que ellos. Del estudio se puede inferir que las mujeres están siendo infraatendidas en los servicios especializados de salud mental, ya que acuden a estos en la misma medida que los hombres. Por otro lado, son ellas las que generalmente siguen desempeñando el rol de cuidadoras de otros miembros de la familia y quienes más sobrecarga al respecto acusan. La Encuesta Europea de Salud 2020 también señala que son las mujeres las que en mayor medida valoran su estado de salud percibida como mala o muy mala.

En el informe se señalan otros colectivos en riesgo como son las personas LGTBIQ+, las personas de clase baja y media-baja, las preocupadas por no poder hacer frente al pago de sus facturas, las personas con incapacidad laboral o aquellas con hábitos de consumo nocivos. La población con ocupaciones intermedias, trabajadores cualificados del sector primario o semicualificados, y trabajadores no cualificados es la que presenta una mayor prevalencia de trastornos de tipo depresivo, tal y como recoge la Encuesta Europea de Salud 2020.

Todas ellas tienen una mayor probabilidad de tener experiencia propia en salud mental y también de consumir psicofármacos.

En general, las personas participantes en los grupos de discusión y la encuesta, consideran que los recursos destinados a la atención a la salud mental no son suficientes y que son necesarias medidas sanitarias y sociales para atender a las personas con problemas de salud mental.

• Medidas sanitarias: aumentar la dotación de profesionales de salud mental (67,8%), asegurar la continuidad de la atención con el mismo equipo profesional (48,7%) y aumentar el número de centros de salud mental comunitarios (46,4%).
• Medidas sociales: actuaciones para prevenir el estrés laboral y situaciones de acoso (58%), promover iniciativas comunitarias para la prevención de la soledad no deseada y promover la resiliencia (51,3%) e incorporar programas específicos de sensibilización y prevención en el ámbito educativo (48%).

El cuidado y la atención a la salud mental no puede darse únicamente desde un enfoque sanitario, debe extenderse también al ámbito social, incluyendo las condiciones de vida y trabajo de la persona, el contexto y la creación de un proyecto de vida de futuro.

Así, las necesidades y demandas que se ponen de manifiesto en el informe comprenden:

• La atención a los colectivos vulnerables.
• La visibilización y la lucha contra el estigma.
• La mejora de la frecuencia de las consultas y la reducción de las listas de espera.
• Facilitar el acceso a servicios psicoterapéuticos.
• Cuidar a los profesionales de la salud.
• Promover las oportunidades laborales para las personas con problemas de salud mental.
• Facilitar el acceso a la vivienda.
• Aplicar medidas que ayuden a garantizar la continuidad en los estudios o la reincorporación al puesto de trabajo después de una recaída.
• Promover de la figura del asistente.