Una justicia accesible para todas las personas
Resumen
La accesibilidad es un derecho de todos los ciudadanos reconocido por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que en su artículo 13 dice: «Los Estados parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares».
Esta accesibilidad se debe garantizar desde todos los ámbitos e intentar eliminar todas las barreras, tanto físicas como de comprensión o sensoriales. Por eso, si nos referimos y nos enfocamos al sistema judicial español, se han llevado a cabo varias reformas que tienen que permitir que la justicia sea accesible a todo el mundo, con independencia de sus dificultades. Esta accesibilidad, sobre todo en la comprensión, implica dotar al sistema judicial de herramientas suficientes para poder adaptar los procedimientos judiciales a las personas con discapacidad o con problemas de salud mental.
Entender los derechos humanos en el contexto de la salud mental
Medidas para garantizar el acceso a la justicia a todas las personas
En 2021, la entidad Mental Health Europe (MHE) elaboró una guía de buenas prácticas en el derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad psicosocial o problemas de salud mental. El informe, titulado Access to Justice for Persons with Psychosocial Disabilities & Mental Health. Problems: Reflection Paper and Promising Practices, pretende servir de documento de referencia para las partes interesadas y los estados miembros para impulsar medidas que aseguren un trato digno, justo, adaptado y no violento a las personas con problemas de salud mental implicadas en procesos judiciales.
Las personas con discapacidad o problemas de salud mental pueden tener dificultades para entender todos los trámites de un procedimiento judicial, y esto les perjudica el acceso a un juicio justo, participativo y adaptado a sus necesidades.
Tal como se indica en este informe, el acceso a la justicia tiene que ser un elemento esencial para garantizar la totalidad de derechos de todas las personas. Si bien este informe es un adelanto muy importante, es todavía poco frecuente que se utilicen los recursos de los que ya dispone el sistema judicial. Ciertamente, las personas con discapacidad o problemas de salud mental pueden tener dificultades para entender todos los trámites de un procedimiento judicial, y esto perjudica el acceso a un juicio justo, participativo y adaptado a sus necesidades.
A partir de este informe, se hizo un firme llamamiento a los estados miembros para adaptar su normativa y mejorar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad o problemas de salud mental. En esta línea, la Ley 8/21, de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en la práctica del ejercicio de su capacidad jurídica ha modificado otras leyes para hacer efectivo este acceso en igualdad de condiciones, y ha modificado el artículo 7 de la Ley de enjuiciamiento civil (ley que regula el procedimiento judicial civil) en los términos siguientes:
«Artículo 7 bis. Ajustes para personas con discapacidad.
- En los procesos en los que participen personas con discapacidad, se realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad. Dichas adaptaciones y ajustes se realizarán, tanto a petición de cualquiera de las partes o del Ministerio Fiscal, como de oficio por el propio Tribunal, y en todas las fases y actuaciones procesales en las que resulte necesario, incluyendo los actos de comunicación. Las adaptaciones podrán venir referidas a la comunicación, la comprensión y la interacción con el entorno.
- Las personas con discapacidad tienen el derecho a entender y ser entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo. A tal fin:
a) Todas las comunicaciones con las personas con discapacidad, orales o escritas, se harán en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga en cuenta sus características personales y sus necesidades, haciendo uso de medios como la lectura fácil. Si fuera necesario, la comunicación también se hará a la persona que preste apoyo a la persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica.
b) Se facilitará a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
c) Se permitirá la participación de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida.
d) La persona con discapacidad podrá estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios.»
En iguales términos, también se ha modificado la Ley de jurisdicción voluntaria arte.7, teniendo en cuenta que esta ley regula la solicitud de medidas de apoyo por parte de la persona con discapacidad.
Herramientas para adaptar la lectura y la comprensión
A la vez, desde el Ministerio de Justicia español, también se ha trabajado en la elaboración de herramientas al alcance de los jueces y de la ciudadanía. Si bien se dispone de un abanico muy amplio de resoluciones adaptadas y de lectura fácil, todavía hoy en día se hace un uso muy escaso de ellas.
Cómo hemos indicado, las leyes establecen el derecho de las personas con discapacidad a entender todas las fases del procedimiento y, por lo tanto, a disponer de todas las resoluciones de un proceso judicial adaptadas, teniendo en cuenta sus dificultades.
Con este propósito, en la web del Ministerio de Justicia se pueden encontrar diferentes modelos de reclamaciones y sentencias, que realmente suponen un adelanto muy importante para entender las resoluciones que se dictan en los procedimientos judiciales.
Detallamos un ejemplo de las dos primeras páginas de una sentencia adaptada con lectura fácil, publicada en el web del Ministerio de Justicia español:
En esta misma web, también podemos encontrar otros documentos adaptados, como el certificado de nacimiento, el certificado de matrimonio y el certificado de defunción.
Las leyes establecen el derecho de las personas con discapacidad a entender todas las fases del procedimiento y, por lo tanto, a disponer de todas las resoluciones de un proceso judicial adaptadas, teniendo en cuenta sus dificultades.
Debemos tener en cuenta que la adaptación no solo incluye la escritura, sino también la comunicación oral y la posibilidad de que la persona que tenga dificultades pueda ser acompañada por una persona escogida desde el inicio del contacto con los juzgados.
Un largo camino por recorrer
En Cataluña, por ejemplo, desde febrero de 2024, el Departamento de Justicia ha instaurado el dictado de sentencias y otras resoluciones con lectura fácil para personas con discapacidad. Para iniciar el proceso, la persona lo tiene que solicitar a través de su abogado, y, si el juez lo considera adecuado, se puede pedir la adaptación de la resolución judicial a lectura fácil.
Los procesos judiciales suelen ser actos muy formales con lenguaje jurídico complejo y a veces difícil de entender. Servicios como este facilitan la comprensión y promueven así la plena inclusión y autonomía de las personas con discapacidad en su relación con la administración de justicia.
Así pues, aunque hay varias herramientas para adaptar el lenguaje jurídico y las leyes han sido modificadas ya desde 2021, hace falta que tanto los jueces y juezas como la abogacía y otras personas que intervienen en el procedimiento dispongan de suficiente formación para utilizarlas; también hacen falta medios para poder llevar a cabo estas medidas en todos los juzgados y, sobre todo, que las herramientas que tienen a su alcance se utilicen naturalmente y sin necesidad de hacer una petición exprés. De este modo, podremos acercar la justicia a las personas que tengan dificultades para entender gran parte del procedimiento y facilitaremos que puedan participar en este proceso con todas las garantías.
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